La reforma fiscal que México necesita: un llamado a la justicia y la equidad tributaria

En el primer trimestre de 2023, el monto de los créditos fiscales, que son adeudos con la autoridad fiscal, de los grandes contribuyentes, aquellos que tienen ingresos anuales superiores a los 1,500 millones de pesos, siguió en aumento. De enero a marzo, el monto registró 546,648 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 24% en términos reales, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los datos reportan que los adeudos fiscales totales del rubro de personas morales, donde se incluye a grandes contribuyentes, sumó 1 billón 529,377 millones de pesos, un crecimiento anual real de 13.1%. Por su parte, el saldo total de adeudos fiscales, el cual también considera las personas físicas, registró 1 billón 849,110 millones de pesos en los tres primeros meses del año, lo que confirmó un crecimiento anual de 13.1% real. Según expertos, como Pedro Canaval, socio de la firma Baker Tilly, entrevistado por Santiago Renteria, esto se ha debido principalmente por la intensificación de la labor de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria que incluye la identificación de omisiones en las declaraciones fiscales, el reconocimiento de adeudos de años anteriores, y adeudos incobrables (que ascendió a 190,460 mdp), principalmente como efecto de la pandemia por Covid19, periodo en el que -con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)- murieron 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) por insolvencia, desaparición, fusión o escisión de empresas.

Los ingresos tributarios entre enero y abril registran un incremento real de 2.4%. El crecimiento observado entre enero y abril de este año es menor a 4.6% registrado el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información oficial. De llamar la atención es la disminución del ISR de 17.7% respecto a lo observado entre enero y abril de 2022, que, a juicio de los economistas, refleja también los efectos de una desaceleración económica. Si observamos la actividad económica podemos advertir que ésta creció, de manera mensual, 0.56% en enero, 0.73% en febrero y 0.1% en marzo, lo que confirma la intuición, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad económica (IOAE) del INEGI.

La caída de los ingresos tributarios nos obliga a pensar en la trayectoria que recorreremos hacia el final de la presente administración, o el principio de la siguiente; en la necesidad de incrementar los recursos fiscales para poder cubrir todas las necesidades que exige el Presupuesto de Egresos Federal, sin caer en una mayor deuda pública o en un mayor déficit fiscal. Debe ser una reforma fiscal que apuntalara la competitividad del país en lugar de frenarla.

En primer lugar, urge distinguir de mejor manera las cargas fiscales que tienen las empresas según su tamaño. También es necesario que se mejore la actividad recaudatoria, al tiempo de que se disminuya la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas y se eliminen regulaciones estorbosas para ellas. Recordemos que la MiPymes son responsables de ofrecer el 72% del empleo del país. No obstante, ellas también son un factor disfuncional para el sistema económico al representar el 55.6% del trabajo informal.

En segundo lugar, hace falta innovar en las propuestas para mejorar la recaudación. Una de las doctrinas de las que se puede echar mano para plantear una reforma fiscal es la llamada “economía de la oferta”, que sostiene que se puede alcanzar el crecimiento económico con mayor eficacia si se adoptan medidas que incrementen la oferta agregada mediante una reducción de barreras para las personas que producen (oferta) bienes y servicios. Los impulsores de estas ideas,los “supply-siders” son partidarios de reducir cargas fiscales y dar mayor flexibilidad al sistema. Esto incluye el ajustar las tasas de impuestos a MiPymes y personas físicas asalariadas con base en herramientas como la denominada “curva de Laffer”, que establece un equilibrio entre la cantidad de tributos que los ciudadanos están dispuestos a pagar y la recaudación necesaria para sufragar los servicios públicos, estableciendo como premisa que, la recaudación pública es nula cuando se cobra demasiado o cuando no se cobra nada. Esta corriente también apoya el tipo fijo en el Impuesto sobre la Renta o “flat tax”, una revisión de los servicios públicos para privatizar los que no requieran intervención estatal y, en especial, una revisión profunda a los planes de pensiones. Estas ideas podrían también integrarse a otras como desarrollar esquemas de impuestos indirectos con mecanismos de compensación rápida y directa a población afectada por la regresividad del impuesto -las familias más pobres pagan un mayor porcentaje de impuesto indirecto en función de su ingreso-, como la distribución de canastas básicas, vales para medicinas o transporte, o devolución fiscal bajo esquemas modernos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Hoy en día existe una nueva modalidad de IVA que procura una consolidación fiscal con equidad, según lo promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este esquema de “IVA personalizado” consiste en i) generalizar la base imponible aumentando el recaudo, con exenciones solamente en educación y salud; ii) procurar que se grave a una tasa única para maximizar la neutralidad del impuesto y favorecer su gestión; y iii) lograr un alivio mediante la devolución de la carga (aumento) del impuesto para aquellos individuos que sea necesario beneficiar.

La digitalización actualmente permite que la implementación y evaluación de este tipo de IVA sea factible. Además, este impuesto indirecto flexible tiene la virtud de ser autofinanciable, lo que favorece su control social y presupuestario, pudiendo incrementar así su aceptación entre sectores resistentes a abandonar la informalidad. Incluso, el BID considera que podría impulsarse la educación financiera en la población de forma más efectiva. Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay ya están implementando algunos programas con este enfoque tributario.

Finalmente, una reforma fiscal también debe fortalecer la recaudación del impuesto predial, un impuesto relacionado con la riqueza de los hogares sobre bienes inmuebles, cuestión que facilita la gestión recaudatoria si se aplican nuevas tecnologías en el sistema de información. En América Latina el nivel de recaudación ha permanecido prácticamente estancado en alrededor del 0.4% del PIB, según el BID, pero en México, la recaudación ronda apenas el 0.2%. Para poder potenciar la recaudación de este impuesto, los gobiernos deben, entre otras medidas, modernizar mediante sistemas de block chain, por ejemplo, sus sistemas de catastros, y fortalecer las administraciones tributarias locales, ya que estos impuestos tienden a ser recaudados por gobiernos estatales, lo que significa que podrían aprovechar la oportunidad para robustecer sus finanzas públicas.