Austria presentó un proyecto de ley que despenaliza a partir de enero de 2022 el suicidio asistido para personas mayores de edad
El gobierno conservador-ecologista de Austria presentó un proyecto de ley que despenaliza a partir de enero de 2022 el suicidio asistido para personas mayores de edad, con enfermedades graves y terminales, aunque excluye a los menores de edad.
El texto presentado por la ministra de Justicia, la ecologista Alma Zadic, y por la ministra de Asuntos Constitucionales, la democristiana Karoline Edstadler, permitirá a estas personas adquirir en las farmacias medicamentos para acabar con sus vidas.
Para ello, se exige primero una declaración firmada por el paciente ante un notario o abogado sobre sus intenciones de recurrir a un suicidio asistido.
Luego dos médicos deben confirmar en un informe la gravedad del estado de salud y que la persona está en condiciones para tomar la decisión de forma autónoma y libre.
En caso de duda, los médicos podrán llamar además a un psicólogo o psiquiatra.
Tras este informe médico, la ley establece un período de reflexión de tres meses y solo después el paciente mismo o una persona encargada por él podrá adquirir en una farmacia el fármaco para acabar con su vida.
Ninguna de las personas involucradas en el proceso del suicidio asistido podrán ser denunciadas ante la Justicia.
El enfermo deberá ingerir sin asistencia la sustancia, en el caso de no ser posible deberá ser él mismo que active la sonda que introduzca el fármaco en su organismo.
Zadic habló hoy de un “tema muy delicado” que necesitaba “seguridad jurídica” mediante la nueva ley, para que personas que desean ayudar a sus parientes o amigos enfermos no incurran en ningún delito y “puedan asistir a personas muy enfermas en su decisión de morir con dignidad”.
La ley no permitirá el suicidio asistido de menores de edad, al tiempo que incluye medidas para evitar que familiares puedan forzar el suicidio de un pariente con el fin de hacerse con su herencia u otros “motivos despreciables”.
El Gobierno austríaco, que cuenta con una mayoría estable en el Parlamento, estaba obligado a presentar la nueva ley después de que el Tribunal Constitucional del país suspendiera este año la actual ley que prohibía el suicidio asistido.
Sin la nueva ley, el suicidio asistido hubiese sido legal sin ningún tipo de restricciones.
Organizaciones conservadoras y las comunidades religiosas del país habían exigido al Gobierno una nueva ley para evitar posibles abusos con el suicidio asistido.
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