noviembre 24, 2024

Va por México presentó controversia constitucional contra el presupuesto para 2022 ante la SCJN

Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que durante la aprobación del presupuesto para el próximo año se transgredió el principio de progresividad debido a que se disminuyó la partida económica para los programas sociales, el cual está enmarcado en el artículo 1º de la Constitución

La tarde de este martes 28 de diciembre los coordinadores de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informaron que presentaron una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por medio de un comunicado de prensa, los líderes parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) aseguraron que la partida presupuestal para el próximo año que se aprobó en San Lázaro transgrede el principio de progresividad, el cual se encuentra enmarcado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Indicaron que el presupuesto que se aprobó viola dicho principio debido a que recortó y no aumentó la cantidad de dinero destinada a programas sociales o dependencias especializadas, mismos que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos.

“Este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”

Refirieron que con el voto a favor de la mayoría que representan el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha dejado desprotegida a la ciudadanía en temas de educación, salud, fortalecimiento del federalismo, medio ambiente y protección a la mujer, pues es en estos rubros donde se pudo apreciar mayor reducción económica.

Asimismo, recordaron el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y como se “obligó” al órgano colegiado a seguir con sus actividades previstas para el 2022 “sin los recursos suficientes”.

“Las y los diputados agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes; vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de Revocación de Mandato”

Finalmente, la coalición celebró que, por primera vez, tres partidos impugnen juntos el presupuesto, reconocimiento su trabajo a favor del respeto de los derechos humanos.

PAN pidió a los ministros de la Suprema Corte no dejarse presionar por el gobierno federal

El pasado 26 de diciembre, Marko Cortés Mendoza, líder del PAN, pidió a la Suprema Corte frenar el “costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario” que representa la consulta de Revocación de Mandato que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Indicó que “el caprichoso presidencial” está constado a toda la ciudadanía al menos 4,000 millones de pesos, mismos que podrían aprovecharse para reactivar la economía, así como generar empleos y combatir la pobreza.

Asimismo, indicó que el máximo tribunal en México no puede consentir una “clara violación constitucional”, debido a que consideró que el ejercicio democrático está deformando la figura de empoderamiento ciudadano, solo para poner el poder al “servicio del gobernante”.

“Se hace muy evidente cuando utilizando todos sus recursos, sus clientelas y beneficiarios de programas, quienes la promueven son las propias estructuras gubernamentales, las del partido en el gobierno y el mismo presidente de la República”

Finalmente, aseguró que desde Acción Nacional se ha pedido respetuosamente a todos los integrantes de la Sala Superior de la SCJN no dejarse presionar, asumir una posición legal, congruente y responsable con México.