La defensa de cinco exfuncionarios de Proyecto Metro busca que en el avance de la queja que interpuso ante la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en París Francia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sea llamada a responder sobre las presuntas violaciones cometidas en el proceso contra los presuntos responsables del desplome de la Línea 12.
Adolfo Chacón, director de Compliance y Estrategias Internacionales -que colabora con el despacho Regino Abogados-, comentó que la queja actualmente se encuentra en la FIDH como un documento preliminar para su análisis y posterior aprobación.Las consecuencias de este recurso serán que el organismo internacional acompañe el asunto y éste no sólo se vuelva de incumbencia nacional, sino regional e internacional.
“Eventualmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México tendrá que realizar una respuesta ante este organismo internacional. Nos estamos centrando en la realización inmediata de acciones encaminadas a garantizar los derechos (de los acusados), también los de las víctimas, y a los derechos humanos que deben velar durante todo el proceso”, manifestó.
La Federación Internacional proporcionará su conocimiento, experiencia, transparencia, imparcialidad y objetividad en el proceso, sostuvo. El documento presentado ante el organismo señala que en el caso se violaron los Artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como el 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos últimos señalan que todas las personas tienen derecho a ser oídas.
“Lo que ha sucedido es que yo te puedo asegurar que ningún mexicano puede creer en el proceso que se está llevando a cabo, por eso tuvimos que recurrir a instancias internacionales. La FIDH lo que hará es que interactúa con organismos miembros, entonces lo que generará es un vínculo que irá aparejado de acciones que llevarán a cabo en conjunto, es decir, la federación será alguien que los supervise y revise de forma nacional regional e internacional, para poner remedio a la situación de violaciones de derechos humanos y, entonces, consolidar así un proceso justo”, dijo.
El defensor explicó que este recurso no obliga al cumplimiento por parte de las autoridades, pero sí impacta en la reputación de las dependencias de la Ciudad de México en cuanto a la defensa de los derechos humanos.
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