“Cambié de opinión”.
Andrés Manuel López Obrador justificó así esta semana por qué no obligará a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente del país.
Su firme apuesta por el ejército, a quien ha confiado incluso la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su mandato, dio de hecho un paso más en la madrugada de este viernes cuando quedó aprobada en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional -una fuerza creada bajo mando civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea causó una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militarización del país.
Entre los señalamientos más frecuentes, está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano. “Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”, dijo Amnistía Internacional este viernes.
López Obrador, sin embargo, defiende que este movimiento es crucial para continuar luchando contra la violencia que sigue imperando en el país y este viernes agradeció a los senadores la aprobación de la reforma “para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Sedena”, dijo.
“Nos vemos en la Corte”, se leía en una pancarta de la oposición en el Senado durante la votación, dado que la Constitución mexicana contempla que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y que abre la puerta a una previsible fase de recursos judiciales contra esta reforma.
Acusaciones de militarización
La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, esto ya no será posible ahora que la propia Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena.
Y, si bien en la práctica ya actuaba como un cuerpo bajo control militar -el 80% de sus 110.000 efectivos en 242 cuarteles provienen del ejército y la Marina-, esta reforma legal reafirma oficialmente el espíritu castrense de la Guardia Nacional.
“Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante”, dice Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
“La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años”, alerta en entrevista con BBC Mundo
López Obrador, sin embargo, negó tales acusaciones.
“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, dijo esta semana.
Respuesta a la inseguridad
El mandatario justificó su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, dijo, a que resultaron la mejor opción de enfrentar los niveles de violencia que existían cuando inició su mandato y a que considera que otorgarle un carácter militar ayudará a su buen funcionamiento.
“Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?”, reconoció.
“Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, con el único afán de que (la Guardia Nacional) se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”.
Los datos, sin embargo, no muestran una gran mejoría en la seguridad nacional. Según MUCD, cuando en 2007 se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles en plena “guerra contra las drogas”, los homicidios se triplicaron. Y desde que la Guardia Nacional nació en 2019, lo cierto es que la cifra de homicidios anuales se ha mantenido estable entre 36.600 y 35.600.
“Es una institución que detiene poco, lleva pocos casos ante la Justicia. No es una institución que está capacitada para investigar”, cuestiona Reyes de MUCD.
“Y decir que la disciplina militar ayudará a consolidarla es totalmente falso, pues es algo que ya se ha aplicado en los últimos años y no ha habido un cambio significativo, no es una estrategia que esté funcionando”, agrega.
Violaciones de derechos humanos
Diversos organismos criticaron duramente que el ejército no cuente con la formación adecuada para garantizar la seguridad de la población civil.
Según Reyes, “los militares están entrenados para derrotar al enemigo y usar la fuerza letal contra quien usa un uniforme extranjero identificable… pero, en la práctica, cualquier civil puede ser un enemigo. No tienen un reclutamiento o profesionalización policial como lo mandata la Constitución”.
Aunque especialmente cuestionado es el hecho de que, tras la reforma, se extienda el fuero militar al personal de la Guardia Nacional por la implicación que militares han tenido en los últimos años en violaciones graves de derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Nos preocupa que hemos visto una gran impunidad en casos atendidos por el fuero militar cuando militares cometen delitos contra civiles. Este fuero no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas, no hay reparación del daño ni un esclarecimiento de los hechos”, critica la miembro de MUCD.
Pero el presidente López Obrador defiende la profesionalidad del ejército actual, marcando distancia con sus actuaciones en el pasado bajo el mandato de gobiernos anteriores.
“Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, no somos iguales”, remarcó este jueves.
Las denuncias contra la actuación de los militares, sin embargo, no son cosa exclusiva del pasado. La última es la de la familia de Heidi Pérez, una niña de 4 años que murió por un balazo disparado presuntamente por soldados en Tamaulipas la semana pasada.
Tras recibir luz verde en un solo día por la Cámara de Diputados y ser discutida por únicamente dos comisiones del Senado (ambas presididas por Morena, el partido de López Obrador, y entre las que no se encontraba la Comisión de Derechos Humanos), la aprobada inclusión de la Guardia Nacional en la Sedena fue remitida al Ejecutivo federal y enfrentará seguramente una serie de recursos judiciales.
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México pidió a esta instancia interponer una acción de inconstitucionalidad, la misma que ya fue anunciada por los partidos de la oposición al gobierno.
“En MUCD vamos a pelear esto por la vía de amparo. El problema es que vemos con mucha preocupación que la Suprema Corte de Justicia se ha mantenido en silencio estos años sobre los temas de militarización, y necesitamos que actúe como contrapeso necesario para estos actos inconstitucionales”, concluye Reyes.
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